La Corte Suprema podría decidir el futuro de la moderación de contenidos, o podría despejarla
marzo 24, 2024
Moderación de contenidos
La Corte Suprema se encuentra evaluando el destino de dos leyes estatales que imponen restricciones sobre cómo las empresas de redes sociales pueden moderar el contenido. Los jueces han abordado ya una serie de cuestiones complejas que podrían tener un impacto significativo en el panorama de Internet. Esto afectará a redes sociales como Facebook y TikTok, así como a aplicaciones como Yelp y Etsy. Estos casos, uno en Florida (Moody v. NetChoice, LLC) y otro en Texas (NetChoice, LLC v. Paxton), fueron admitidos por la Corte Suprema en octubre. Ambas leyes estatales, impulsadas por gobernadores republicanos, buscan prohibir a las empresas de redes sociales eliminar ciertos tipos de contenido. Veamos con más detalle las opiniones y decisiones legislativas de la moderación de contenidos.
El senado de Florida
El proyecto de ley 7072 del Senado de Florida y el Proyecto de Ley 20 de la Cámara de Representantes de Texas tienen como objetivo limitar el poder de las empresas de redes sociales al restringir su capacidad para prohibir a los candidatos políticos o para imponer restricciones a ciertos tipos de contenido. Mientras que en Florida, un tribunal federal de apelaciones respaldó en su mayoría a las empresas tecnológicas, en Texas, el tribunal de apelaciones se alineó con el estado.
Estas legislaciones, impulsadas por legisladores republicanos, buscan sancionar a las empresas de redes sociales por lo que se percibe como un sesgo anticonservador. Aunque estas acusaciones no han sido corroboradas, los usuarios conservadores de redes sociales parecen estar más expuestos a la desinformación política, lo que puede influir en la percepción de una disparidad ideológica en las decisiones de moderación de contenido por parte de estas empresas.
Con estos casos, las leyes de Florida y Texas se suman a una compleja red de precedentes legales, basados en decisiones anteriores que no consideraron el contexto actual de la era digital. La necesidad de claridad legal es evidente, pero con la rápida evolución de la tecnología y la comunicación en línea, la legislación actual puede quedarse obsoleta rápidamente, dejando tanto a las empresas tecnológicas como a sus críticos en un terreno incierto.
Escepticismo sobre las leyes estatales
Durante los argumentos orales del lunes, los jueces de la Corte Suprema mostraron escepticismo hacia las leyes estatales en cuestión. La jueza Sonia Sotomayor expresó preocupación por la amplitud de las leyes, advirtiendo que podrían tener consecuencias imprevistas, ya que podrían aplicarse a una amplia gama de plataformas en línea, incluidas algunas menos evidentes como Etsy.
El juez Brett Kavanaugh también hizo referencia a la Primera Enmienda, sugiriendo que las leyes estatales podrían estar yendo en contra de su propósito al restringir la libertad de expresión. Por otro lado, el juez Neil Gorsuch mencionó la Sección 230, señalando que esta ley federal podría superar cualquier intento estatal de regular la moderación de contenido en las redes sociales.
Algunos jueces, como Clarence Thomas y Samuel Alito, parecían inclinados a respaldar los argumentos de los estados. Alito incluso cuestionó si la moderación de contenido era solo una forma encubierta de censura. Estos intercambios sugieren un debate complejo. Debe haber un equilibrio entre la regulación estatal y la protección de la libertad de expresión en línea.
Se mantiene la incertidumbre
La audiencia del lunes ofreció algo de claridad sobre la postura de la mayoría de los jueces, aunque el desenlace sigue siendo incierto. Varios jueces, incluidos Sotomayor, Gorsuch, Barrett y Thomas, expresaron dudas sobre cómo se plantearon inicialmente los casos. Paul Barrett, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York, explicó que estos casos, conocidos como desafíos faciales, presentan un dilema único, ya que cuestionan la constitucionalidad de una ley incluso antes de su implementación.
La Corte Suprema podría emitir un veredicto en los próximos meses o devolver los casos a tribunales inferiores para un juicio completo, un proceso que podría prolongarse durante años. En cualquier caso, la corte más alta del país deberá abordar la realidad de la era digital, actualizando su jurisprudencia para adaptarse a los nuevos desafíos que plantea Internet y las redes sociales.
